Microsoft traza el mapa del software ilegal en España

* Un estudio de la compañía informática dice que el 45% de los distribuidores ofrecen programas sin licencia

Una persona entra en un comercio y pregunta el precio de un ordenador con sistema operativo. El vendedor sugiere la posibilidad de instalar una copia pirata de Windows, momento en el que el posible comprador se identifica como agente Microsoft. La escena se ha repetido en 1.098 comercios de los 2.438 inspeccionados por la compañía informática, que con los datos de su investigación ha trazado el mapa del software ilegal. El 45% de los comercios distribuye copias piratas, siendo la comunidad donde más fraude se produce la de Castilla La Mancha (62,5%), seguida de Cantabria (60%) y Asturias (59,4%).

La campaña para detectar distribuidores de software ilegal se llama "comprador anónimo", y se llevó a cabo entre el 1 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. Comparando los resultados con otro estudio similar presentado en abril de 2005, Microsoft concluye que la piratería sólo ha disminuido en Cataluña y Murcia, dos de las autonomías que entonces unos porcentajes más altos. Se mantiene estable, con una variación positiva o negativa no superior al 3%, en las Islas Baleares y Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco. En el resto de autonomías ha aumentado por encima del 3%, especialmente en La Comunidad Valenciana y Navarra; siempre de acuerdo a la muestra realizada.

Los agentes de Microsoft se identifican como tales tras recibir la oferta de venta del ordenador, incluya esta o no software ilegal. En el segundo caso, se informa al personal del punto de venta de que dicha actividad puede suponer un delito contra la propiedad intelectual. Meses después, la compañía realiza una segunda visita a aquellas tiendas que ofrecieron software sin licencia. Aquellas tiendas que en esta segunda visita continúan ofreciendo programas ilegales son denunciadas.

Microsoft asegura que la decisión de poner en marcha y mantener activo este programa han influido las peticiones del canal legal, que lleva tiempo reclamando a la industria que tome medidas efectivas para acabar con una competencia desleal que les está provocando importantes pérdidas económicas.